La FSSPX califica sus excomuniones de ‘objetivamente injustas e inválidas’: lo que muestran el decreto y los documentos

La excomunión no fue una medida sin previo aviso. El 13 de mayo, el prefecto del DDF, cardenal Víctor Manuel Fernández, afirmó que las consagraciones previstas constituirían un acto cismático y recordó que la adhesión formal al cisma conlleva la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia (Vatican News; EWTN News). El 29 de junio, el papa León XIV escribió al padre Pagliarani pidiéndole a la Sociedad que diera marcha atrás y que desistiera de las consagraciones (vatican.va). El decreto del 2 de julio comienza recordando las advertencias dirigidas al Superior General y tiene forma declarativa. Establece que el obispo Alfonso de Galarreta, consagrante principal, incurrió en las penas del canon 1387 (consagración episcopal sin mandato pontificio) y del canon 1364 §1 (cisma), y declara que él y los cuatro sacerdotes que consagró han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; declara que el obispo Bernard Fellay, que participó como co-consagrante y que, en palabras del decreto, se adhirió públicamente al acto cismático, incurrió en la excomunión latae sententiae del canon 1364 §1 (texto oficial en italiano, vatican.va; traducción de Rorate Cæli; traducción de Where Peter Is; Vatican News). El canon 1387 dispone que tanto el obispo que consagra sin mandato pontificio como el que recibe la consagración incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica (vatican.va). Como la excomunión declarada para el obispo de Galarreta y los cuatro nuevos obispos está reservada a la Sede Apostólica, su remisión también queda reservada a la Santa Sede (can. 1355 §1); Catholic World Report lo resumió más sencillamente, al informar de que solo el papa puede levantar las excomuniones (vatican.va; Catholic World Report). El decreto fue firmado por el cardenal Fernández y refrendado por los secretarios de las secciones doctrinal y disciplinar del DDF (Vatican News; Rorate Cæli).

La carta del 3 de julio expone el veredicto de la Sociedad sobre las sanciones sin ofrecer un argumento canónico que lo sostenga; apela, en cambio, a la conciencia y al deber moral que la Sociedad dice tener para con las almas (FSSPX.News). El razonamiento aparece en otros textos. Una explicación del padre Patrick Troadec, publicada en FSSPX.News el 12 de mayo, presenta las consagraciones como una medida excepcional vinculada a lo que llama una crisis sin precedentes en la Iglesia, necesaria para que los seminaristas de la Sociedad puedan ser ordenados y sus fieles reciban la confirmación (FSSPX.News). Tras el decreto, FSSPX.News publicó una homilía del 5 de julio del padre Bernard de Lacoste, director del seminario de Écône, con el título ‘Invalid Punishments, Valid Sacraments’. Primero sostiene que las consagraciones no fueron un acto cismático, porque el cisma es una rebelión contra el oficio papal mismo y la Sociedad reconoce a León XIV como papa y lo nombra en el Canon de la Misa, y que no puede haber pena eclesiástica sin pecado grave. Después sostiene que nadie puede incurrir en un castigo si actúa por necesidad, que las consagraciones se realizaron en un caso de necesidad y que incluso quien se equivoca sobre la existencia de la necesidad escapa a una pena latae sententiae (FSSPX.News). La homilía no cita números de cánones. Las disposiciones pertinentes son el canon 1323 4°, que exime a quien actuó por razón de necesidad o de grave inconveniente, salvo que el acto sea intrínsecamente malo o tienda a ser perjudicial para las almas; el canon 1323 7°, que cubre a quien creyó sin culpa que existían esas circunstancias; y el canon 1324, que en casos relacionados, incluido un error culpable sobre la necesidad, reduce la pena y excluye las penas latae sententiae (vatican.va). El 16 de julio, el distrito estadounidense de la FSSPX publicó un artículo del padre Scott Gardner, de la FSSPX, que sostiene que las consagraciones no implican un rechazo de la sujeción al Romano Pontífice y por tanto no son cismáticas; que los obispos pueden alegar necesidad o grave inconveniente; y que la nota explicativa no puede extender las penas a sacerdotes y fieles laicos ni retirar las facultades para confesiones y matrimonios concedidas bajo el papa Francisco. Concluye que los sacerdotes y fieles laicos de la Sociedad no están obligados por ninguna excomunión latae sententiae, que según dice es ‘ni fundada en hechos ni declarada en el Decreto’; la nota explicativa del DDF, en cambio, afirma que las confesiones escuchadas y los matrimonios asistidos por sacerdotes de la FSSPX son inválidos (SSPX US District; Catholic Culture). Los documentos de la Santa Sede no abordan directamente el argumento de la necesidad. Sí rechazan la postura de la Sociedad de que el acto no es cismático: el DDF y el papa León advirtieron el 13 de mayo y el 29 de junio que las consagraciones serían un acto cismático, y el decreto del 2 de julio declara incurridas las penas. Cómo se aplican las disposiciones sobre la necesidad se examina en un análisis complementario de TradWatch™.

El canon 1353 dispone que una apelación o recurso contra sentencias judiciales o contra decretos que imponen o declaran una pena tiene efecto suspensivo; es la disposición que invoca la Sociedad. El procedimiento iniciado se regula en el canon 1734 §1, que exige pedir por escrito al autor del decreto que lo revoque o modifique antes de proponer el recurso; el canon 1736 §1 añade que esta petición suspende la ejecución en los casos en que el propio recurso jerárquico lo hace (vatican.va, Libro VI; vatican.va, Libro VII). El decreto del 2 de julio es declarativo: afirma que los obispos han incurrido en la excomunión ipso facto, es decir, por el propio acto de la consagración, y declara ese hecho (texto oficial en italiano, vatican.va; traducción de Rorate Cæli; Vatican News). El Código distingue entre una pena latae sententiae, que según el canon 1314 se incurre automáticamente al cometerse el delito, y los efectos ulteriores enumerados en el canon 1331 §2, que se aplican una vez declarada la excomunión latae sententiae. La pena se había anunciado en mayo como consecuencia de seguir adelante con el acto (EWTN News). La nota explicativa también exhorta a los fieles a permanecer en comunión con el Romano Pontífice y dice que la Iglesia acogerá a todos los que deseen volver a la plena comunión (Vatican News). En los textos revisados para este borrador (hasta el 8 de octubre de 2026), TradWatch no encontró ninguna decisión publicada de la Santa Sede sobre el recurso de la FSSPX.